Buenos Aires, 19/11/2017, edición Nº 1831

Casa Suiza: frenan un intento de demolición

Ayer a la mañana hubo un intento de demoler la Casa Suiza, a pesar de estar protegida por un amparo judicial. Alrededor de las 8, una vecina, Laura Driau, vio que un grupo de obreros había iniciado trabajos de demolición en el histórico edificio de Rodríguez Peña 254. “Los golpes se escuchaban desde la calle, rompieron bastante, fue muy violento”, relató Driau. El viernes, luego de un recurso de amparo presentado por...

Ayer a la mañana hubo un intento de demoler la Casa Suiza, a pesar de estar protegida por un amparo judicial. Alrededor de las 8, una vecina, Laura Driau, vio que un grupo de obreros había iniciado trabajos de demolición en el histórico edificio de Rodríguez Peña 254. “Los golpes se escuchaban desde la calle, rompieron bastante, fue muy violento”, relató Driau.

El viernes, luego de un recurso de amparo presentado por un grupo de vecinos, la jueza Alejandra Petrella resolvió que la Casa Suiza no puede ser demolida, porque entendió que pertenece al patrimonio histórico y culturalde la Ciudad de Buenos Aires.

En el lugar se labró ayer un acta de contravención con personal de la comisaría 5° y la asociación Basta de Demoler pidió al juzgado su clausura y vigilancia. Así, los obreros dejaron el lugar antes del mediodía , según contó Rafael Salinas, que trabaja en una vidriería enfrente.

La Casa Suiza comenzó a funcionar en 1895 como sede de la Sociedad Filantrópica Suiza. Fue lugar de reunión de la comunidad afroargentina desde los años ’20 hasta mediados de los años 70.

Desde que fue cerrada en 2009, tuvo varias amenazas de demolición. Hoy, su fachada Art Deco está corroída y descascarada. Junto a los tablones de madera que clausuran su entrada sobre el piso de mármol, se acumulan escombros y desechos.

Desde Basta de Demoler dijeron: “O desde el Gobierno de la Ciudad no le notificaron al propietario la medida cautelar, o se hace el desentendido”. Según Driau, en la empresa constructora le dijeron que no había sido notificada por el Procurador de la Ciudad de la medida judicial. Para Pablo Cirio, de la asociación Misibamba, que agrupa a afrodescendientes y reclama proteger la sede, “no basta con las leyes y que se expidan los jueces si no hay una conciencia civil de respeto a los dictámenes”.

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