Cada 24 horas hay una amenaza de bomba en una escuela porteña

(CABA) La vida escolar está tejida de rituales: el izamiento de la bandera, el saludo de la mañana, los timbres, los exámenes, las horas libres. A esa larga lista de secuencias que se repiten como una ceremonia desde hace décadas, habría que sumar ahora una nueva rutina que se volvió cotidiana, al menos en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires: evacuar el edificio; esperar a los bomberos, la policía y los perros; regresar al aula. Las amenazas de bomba ya casi han devenido un hábito escolar más.

En las escuelas porteñas hay al menos una amenaza por día, según datos de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°6, a cargo de Federico Delgado. Durante su período de turno, Delgado contabilizó este año 16 amenazas en 10 días hábiles en instituciones educativas.

Las más afectadas son las escuelas secundarias, pero también se han registrado casos en primarias, institutos de formación y universidades. Un caso extremo es el de la Escuela Normal Nº 5 de Barracas, donde los episodios se han repetido hasta el hartazgo: allí hubo 10 amenazas de bomba en dos meses (llegaron a tener más de una por día), lo que movilizó a la comunidad a reclamar medidas.

En la mayoría de los casos los autores son alumnos y el principal motivo es evitar los exámenes. Pero hay excepciones: tras una seguidilla de 12 amenazas en el Normal N° 1, se descubrió que el responsable era el padre de un alumno, que fue condenado a probation.

Algunos patrones comunes: las denuncias suelen suceder en el horario de trabajo de los establecimientos, en forma anónima y generalmente “desde líneas de teléfonos imposibles de rastrear, ya sea por falsas o mal informadas titularidades, o porque se hicieron a través de teléfonos públicos”, describe el informe de Delgado.

Aunque todas las denuncias han sido falsas, cada una motiva la activación de todos los mecanismos de prevención (intervención policial, desalojo, inspección) y deriva en la apertura de procesos judiciales por el delito de intimidación pública. Además generan fricciones en las escuelas: en algunas, los alumnos y docentes se resisten a evacuar porque descreen de que haya algún peligro, pero las autoridades suelen atenerse a los protocolos para cubrirse de responsabilidades.

La investigación de la Fiscalía N°6 vincula las amenazas con el fácil acceso a los chips de teléfonos celulares (se pueden comprar en kioscos, puestos de diarios y hasta en el tren) y el uso de líneas prepagas registradas con datos falsos o inconsistentes. Así, la falta de controles de las telefónicas emparenta a las amenazas de bomba con los secuestros extorsivos, que también suelen hacerse con estos chips.

“El sistema de registración de una línea exigido por las empresas de telefonía es formal y prácticamente no existe –afirma Delgado, y explica que por la falta de control de las empresas y el Estado estos delitos suelen quedar impunes–. Los chicos hacen estas cosas porque se venden celulares sin preguntar seriamente quién los compra. Traducidas al plano legal, estas ‘bromas telefónicas’ no dejan de ser amenazas de bomba que movilizan todo el aparato estatal”.

Fuente: Clarín