Buscarán reducir la cantidad de piquetes con la Policía de la Ciudad

Desde enero, cuando se complete el traspaso, sumarán 400 agentes especializados para evitar o disuadir cortes de pocas personas.

(CABA) La Policía de la Ciudad nacerá con un gran desafío: reducir la cantidad de piquetes. La nueva fuerza, que comenzará a operar el 1° de enero, tendrá como uno de sus objetivos evitar u ordenar en especial los cortes más pequeños, para que se pueda circular.

Así se lo confirmaron a Clarín en el Gobierno porteño: “Hay una idea de intervenir, pero la protesta callejera tiene distintas facetas. No es lo mismo una manifestación de mucha gente, que es imposible controlar, que un piquete de organizaciones que buscan el conflicto con la Policía. Vamos a empezar a trabajar con los cortes más chicos”.

Para ello, el Gobierno porteño confía en utilizar a 250 agentes de Infantería y 150 de la Montada que serán transferidos a la Ciudad antes de fin de año. “Los policías comunes asistirán en los operativos, pero para ésta tarea es necesario un grupo con otro entrenamiento y equipamiento. Y eso también condiciona un poco la capacidad operativa”, explicaron en la Ciudad.

El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta ya lo había anticipado: “Soy consciente del problema que generan los cortes. Este es un resabio de más de 12 años de inacción total. Para eso se está concretando el traspaso de la Policía, que se terminará de efectivizar el 1° de enero. En este tema no hay que hablar, sino que hay que hacer. Ordenar la cuestión. Que la protesta no perjudique a quienes no protestan”, afirmó.

En el mismo sentido se pronunció el ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo, quien aseguró que “cada situación requiere un tratamiento especial y no todos los cortes de calles son generados por las mismas causas ni requieren las mismas soluciones”.

La discusión se reavivó la semana pasada, con los cortes que hubo martes y miércoles que paralizaron la Ciudad. E incluyó un cruce en el interior del macrismo, porque la Nación afirmó que la responsabilidad del control es de la Ciudad, mientras que los funcionarios porteños dicen que el protocolo antipiquetes es inaplicable, y se quejan de que la mayoría de los reclamos son contra el gobierno nacional y no contra el de la Ciudad.

El problema de los piquetes viene creciendo por la situación económica y política pero también por la falta de respuesta del Gobierno. Mientras Macri gobernó la Ciudad, la explicación siempre fue que el orden del espacio público dependía de la Policía Federal, por entonces controlada por el kirchnerismo. Cuando se lanzó la Policía Metropolitana, el macrismo se preocupó por aclarar que no se iba a ocupar de los piquetes, porque su función era otra.

Ya en el Gobierno nacional, el macrismo parecía tener una postura más enérgica. Por ejemplo, a poco de asumir, con impresionantes operativos de la Gendarmería logró sacar a los trabajadores de Cresta Roja que cortaron durante varias jornadas la autopista Riccheri. Luego, en febrero la ministra de Seguridad Patricia Bullrich presentó un protocolo antipiquetes, con la promesa incluida de que se iban a desalojar los cortes “en cinco minutos”. Pero esa orden nunca se cumplió, y aunque las fuerzas federales sí actuaron en algunos cortes en accesos a la Ciudad, como la semana pasada, las calles siguieron siendo un caos.

El 1° de abril la Fiscalía General porteña publicó en el Boletín Oficial su propio protocolo, en línea con el nacional. Establecieron que la Policía podía actuar de oficio y abrir una negociación con los organizadores del corte, para garantizar que liberen un espacios para circular. También, que a los cortes de pocas personas podían moverlos hacia lugares donde no afectaran el tránsito. Además, le daban autorización para secuestrar los vehículos que se usaran para obstaculizar el tránsito. Pero esta política tampoco se llevó adelante.

El artículo 179 del Código Penal castiga a quien interrumpa o entorpezca el funcionamiento del transporte público con tres meses a dos años de prisión. En tanto, el artículo 78 del Código Contravencional porteño establece que quienes impiden u obstaculizan la circulación de vehículos deben ser sancionados con uno a cinco días de trabajo de utilidad pública o multas de $ 200 a $ 1.000. Pero si los organizadores avisan a las autoridades “con razonable anticipación” y mantienen un orden para permitir el paso de los autos, no hay contravención. Esto último, se sabe, casi nunca se cumple.

El problema es que nadie quiere correr el riesgo de que se produzcan incidentes. El macrismo, además, ya tuvo su bautismo en este tema: en abril de 2013 la Metropolitana se enfrentó con manifestantes que reclamaban contra una obra en el hospital Borda. Hubo 36 heridos, incluidos periodistas y dirigentes opositores, y las críticas contra el accionar policial llovieron. Macri y María Eugenia Vidal (por entonces vicejefa de Gobierno porteño) terminaron con una causa judicial en su contra, de la que después fueron sobreseídos.

En noviembre hubo 54 cortes en las calles porteñas
Según la consultora Diagnóstico Político, durante noviembre hubo 54 cortes de calles: 22 fueron realizados por organizaciones sociales, 11 por empleados estatales, 10 por trabajadores privados, 7 por vecinos autoconvocados y 4 por otros actores. Si se cuenta que el mes pasado tuvo 21 días hábiles, los porteños debieron sufrir 2,5 piquetes por día en promedio.

Con estos números, la Capital continuó siendo el segundo distrito del país con más cortes, detrás de la provincia de Buenos Aires, que sumó 129. En todo el país en noviembre hubo 575. “Al cabo de su primer año de mandato el gobierno de Mauricio Macri reafirmó la política del dejar hacer en el espacio público, fundada por el kirchnerismo, con el agravante de que la postura política del macrismo en los hechos dista enormemente de las promesas de campaña”, opinó Patricio Giusto, de Diagnóstico Político. NR