Buenos Aires, 19/11/2017, edición Nº 1831

Boedo: los vecinos le torcieron el brazo al Gobierno

El Gobierno porteño deberá ceder parte de un edificio en disputa. La Justicia porteña ordenó al gobierno de Macri que ceda el 30 por ciento de un edificio ubicado sobre la plaza Mariano Boedo, terreno que había sido recuperado por los vecinos. Macri tomó el edificio para instalar un CGP, lo que provocó el reclamo. (Ciudad de Buenos Aires) El gobierno porteño deberá asignar el 30 por ciento de un...

El Gobierno porteño deberá ceder parte de un edificio en disputa. La Justicia porteña ordenó al gobierno de Macri que ceda el 30 por ciento de un edificio ubicado sobre la plaza Mariano Boedo, terreno que había sido recuperado por los vecinos. Macri tomó el edificio para instalar un CGP, lo que provocó el reclamo.

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(Ciudad de Buenos Aires) El gobierno porteño deberá asignar el 30 por ciento de un edificio en refacción, situado dentro de la plaza Boedo, a los usos que determine la Junta Comunal. Así lo decidió la Sala I de la Cámara de Segunda Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, luego de que una asociación civil del barrio reclamara que el lugar en cuestión, sobre Carlos Calvo y Sánchez de Loria, no sea destinado a un Centro de Gestión y Participación (CGP) de la Comuna 5 y se dé prioridad a un uso complementario a la plaza. El tribunal tuvo en cuenta “la trascendencia del derecho a gozar de un ambiente sano”, como reclamaba la asociación vecinal, y mantiene el proyecto del CGP porque “se trata de una obra de exclusiva utilidad pública”, que fomenta la democracia participativa.

El pleito de la Asociación Civil Cultural-Ambiental Todos por la Plaza de Boedo comenzó hace cinco años, poco después de que la manzana entre las calles Virrey Liniers, Estados Unidos, Carlos Calvo y Sánchez de Loria fuera recuperada como espacio verde. El lugar, conocido como la antigua Estación Vail, fue primero una dependencia del tranvía a principios del 1900 y durante la última dictadura militar fue vendido a la empresa de transportes Tata. Cuando ésta quebró, los vecinos lograron recuperar el predio mediante una ley de expropiación votada en la Legislatura porteña.

Cuando se licitó la remodelación del edificio, la asociación vecinal presentó un amparo para suspender la construcción, advirtiendo que se estaba subvirtiendo el destino de espacio verde de uso público y asegurando que el CGP bien podía establecerse en otra parte, “sin necesidad de contrariar el uso y circulación del único espacio verde público que tiene el barrio de Boedo”, según cita el fallo de segunda instancia, fechado el 13 de julio pasado. También se mencionó que el edificio tenía valor histórico, lo que luego sería descartado por la Dirección General de Interpretación Urbanística.

El gobierno porteño se negó desde un principio a ceder cualquier espacio, aduciendo que cumplía con los “usos complementarios compatibles”, propios de la zonificación de la plaza (Urbanización Parque, UP), al instalar allí un CGP. Además, según retoma este último fallo, los demandados aseguraban que al montar esa sede administrativa se cumplía con lo que manda la ley 1777, de fijar “sedes comunales dentro de sus correspondientes jurisdicciones”. En un momento se detuvo la licitación por un amparo, pero el juez en primera instancia Scheibler le dio la razón al gobierno porteño.

Las autoridades readecuaron el proyecto original e integraron la planta baja del edificio a la plaza, dejando los tres pisos superiores al CGP. Scheibler tuvo en cuenta este gesto en su fallo. Sin embargo, para la Asociación Civil Todos por la Plaza de Boedo se trataba de una migaja: una superficie de unos 80 metros cuadrados, desprovista de muros. El plan de esta asociación vecinal era utilizar el edificio para actividades culturales –cine, teatro y charlas educativas, entre otras– y como sede de un Ecomuseo.

En el fallo de segunda instancia, cuyo voto mayoritario fue de los jueces Horacio Corti e Inés Weinberg, se avala la construcción del CGP porque resultan compatibles “con cualquier distrito de urbanización”. Sin embargo, los camaristas revocaron la sentencia de primera instancia y “consideraron razonable” que un 30 por ciento del predio a construir “se destine a usos compatibles con el distrito Urbanización Parque, dándole participación a la Junta Comunal en la determinación de la distribución y uso que deberá asignarse a dicho espacio”.

“Nos parece importante tanto el cambio de opinión de la Justicia como el rol que se le da a la Junta Comunal. Los tres comuneros del Frente para la Victoria y uno de Proyecto Sur veníamos acompañando este reclamo porque nos parece justo que se les dé lugar a los vecinos en este tipo de decisiones”, dijo a este diario el comunero Raúl Sánchez, del FPV. Para Fabián Mettler, secretario general de la asociación demandante, no se satisface la pretensión original, pero es un avance. “Habíamos perdido en primera instancia y la Cámara trató de compatibilizar intereses en un fallo salomónico”, sintetizó. Hoy se reunirán los integrantes de la asociación para determinar si apelan o acatan la nueva sentencia.

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