Buenos Aires, 20/11/2017, edición Nº 1832

Baltazar Garzón se radica en Buenos Aires y cobraría del Gobierno cerca de $20 mil por mes

Fue contratado en Diputados con el máximo rango. Ya venía colaborando ad honorem. Su cercanía y buena relación con Cristina es fundamental para tomar la decisión. (Ciudad de Buenos Aires) La contratación del ex juez español Baltasar Garzón como asesor de la Cámara de Diputados, luego de que el Gobierno le otorgara la residencia temporaria, generó polémica y críticas de legisladores de espacios opositores. El magistrado español, que fue inhabilitado...

Fue contratado en Diputados con el máximo rango. Ya venía colaborando ad honorem. Su cercanía y buena relación con Cristina es fundamental para tomar la decisión.

(Ciudad de Buenos Aires) La contratación del ex juez español Baltasar Garzón como asesor de la Cámara de Diputados, luego de que el Gobierno le otorgara la residencia temporaria, generó polémica y críticas de legisladores de espacios opositores. El magistrado español, que fue inhabilitado por el Tribunal Supremo de su país hasta el 2021 , venía cumpliendo esa función ad honorem desde marzo. Y una vez que concluyó los trámites para radicarse en el país, a fines de octubre, fue nombrado con la categoría de director –las más alta del Congreso– con un sueldo de bolsillo de unos 20.000 pesos, según revelaron a Clarín fuentes de la Cámara baja.

Su tarea consiste en asesorar a la Comisión de Derechos Humanos, que preside el kirchnerista Remo Carlotto. Y es infrecuente que una asesoría sea equiparada al rango de un director de área. Además, sectores de oposición destacaron que los extranjeros no nacionalizados suelen tener fuertes trabas para ser aceptados como empleados efectivos del Poder Legislativo. De hecho, varios proyectos para revertir esa discriminación están cajoneados por el oficialismo.

Garzón recibió varias veces elogios públicos de la Presidenta –el primero en persona fue cuando presenció la apertura de sesiones legislativas, el 1° de marzo– y la propia Cristina le entregó el jueves el DNI argentino , en el marco de un acto en la Casa Rosada.

El juez cobró notoriedad internacional al juzgar al dictador chileno Augusto Pinochet y actualmente es asesor del Tribunal Internacional de La Haya. En febrero, la Justicia española ratificó su inhabilitación por 11 años para ejercer, por haber ordenado escuchas ilegales en un caso de corrupción que involucró a funcionarios del Partido Popular. El kirchnerismo lo recibió con los brazos abiertos. Y en los días previos a la entrega del DNI Garzón levantó su exposición: presenció la segunda jornada del juicio por delitos de lesa humanidad en la ESMA junto a Estela de Carlotto, titular de Abuelas, mantuvo una reunión en Jujuy con Milagro Sala, lider de la agrupación Tupac Amaru; y dio una conferencia de prensa en Corrientes con el intendente kirchnerista “Camau” Espínola. Allí defendió la ley de medios y se pronunció a favor de una eventual re-reelección de Cristina.

Diputados opositores tomaron con sorpresa la designación en un alto cargo en el Congreso y cuestionaron al Gobierno por concederle el DNI en un trámite exprés . “Me llama la atención que una figura como Garzón, que ha sido una persona tan mediática en los últimos tiempos, se avenga a cumplir ese tipo de funciones y por un monto de dinero que para él no es significativo ”, aseguró Enrique Thomas, jefe de bloque del Frente Peronista, por FM 92.7. “Es un tema insólito y vamos a pedir que se investigue cómo fue esa contratación”, agregó.

“Me sorprende. Cuando uno pide que se contrate a un asesor especializado, no ocurre. A mí me gustaría contar con Luis Moreno Ocampo para trabajar en la lucha contra la corrupción, por ejemplo.

 

No entiendo cuál es el criterio ”, dijo a este diario la macrista Laura Alonso. “Garzón debe tener un pasar económico resuelto, en su caso yo sería asesor ad honorem y no estaría pichuleando un contrato en el Congreso”, cuestionó.

“Es una persona de trayectoria y tiene derecho de trabajar en la Argentina. Pero tiene un problema serio en España con un tribunal reconocido”, consideró Patricia Bullrich, de Unión por Todos, y agregó: “Tiene que ver con la intención del Gobierno de apropiarse de los derechos humanos ”.

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