Buenos Aires, 20/09/2017, edición Nº 1771

Ayuda para deudores hipotecarios

Se puso en práctica una ayuda real que establece que “la cuota mensual no puede superar el 25% del ingreso familiar”. La facilidad de la refinanciación venció a fines del año pasado, y ahora fue prorrogado hasta diciembre de 2014. Unos diez mil deudores se encuentran en este sistema de refinanciación de créditos hipotecarios, creado en 2003 para evitar remates. El Gobierno prorrogó hasta fines de 2014 la posibilidad de...

Se puso en práctica una ayuda real que establece que “la cuota mensual no puede superar el 25% del ingreso familiar”. La facilidad de la refinanciación venció a fines del año pasado, y ahora fue prorrogado hasta diciembre de 2014. Unos diez mil deudores se encuentran en este sistema de refinanciación de créditos hipotecarios, creado en 2003 para evitar remates.


El Gobierno prorrogó hasta fines de 2014 la posibilidad de solicitar que el monto de la cuota mensual de un crédito hipotecario refinanciado no supere el 25 por ciento del total de los ingresos del grupo familiar. Se trata de una de las herramientas que creó el Sistema de Refinanciación Hipotecaria en 2003 para evitar remates y ofrecer una solución a los deudores hipotecarios en mora después de la crisis de la convertibilidad que habían tomado créditos para comprar, construir o reformar su vivienda única familiar. La facilidad regía hasta el 31 de diciembre de 2011 y ayer el gobierno nacional decidió extenderla hasta fines de 2014.
Cuando los deudores demuestran que las cuotas superan el 25 por ciento de sus ingresos familiares pueden solicitar la adecuación del pago hasta ese monto durante un año. El saldo restante se computa como vencido a pagar al momento de finalización del plazo pactado en el préstamo, pero no devenga intereses adicionales. El decreto 208/2012 publicado ayer en el Boletín Oficial argumenta que se extendió el tratamiento debido a la existencia de un alto porcentaje de deudores hipotecarios que solicitan abonar las cuotas refinanciadas con el tope. Según datos de 2008, alrededor de 9200 individuos eran deudores del fondo fiduciario.
Se trata de moras hipotecarias contraídas entre enero de 2001 y septiembre de 2003. Según el Sistema de Refinanciación Hipotecaria, el acceso al plan impide la ejecución de la hipoteca y otorga a los deudores un año de gracia que se puede prorrogar si la situación del deudor lo requiere. Concluido ese período, los deudores retoman los pagos con nuevas condiciones financieras y pueden solicitar que las cuotas mensuales refinanciadas no superen el 25 por ciento de sus ingresos familiares. Los deudores pueden acceder a la facilidad siempre y cuando esa situación sea acreditada por una declaración jurada de ingresos.

Un fondo fiduciario que administra el Banco Nación se hizo cargo de las deudas y es el encargado de cobrar las cuotas mensuales de los morosos. Por su parte, los bancos o entidades acreedoras recibieron dos bonos garantizados (uno venció en 2006 y el otro lo hace en 2014) para cancelar las obligaciones, permitiéndoles cobrar las deudas sin necesidad de realizar un juicio. A lo largo de los últimos años, algunos individuos que recurrieron al sistema denunciaron que la Justicia había rematado sus hogares.
Ayer, a través del Decreto 208/2012 que lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner; el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, la posibilidad de solicitar que las cuotas no superen el 25 por ciento de los ingresos familiares fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2014. El saldo resultante se abonará al final del plazo acordado y no generará ningún tipo de intereses punitorios adicionales.
En noviembre de 2003, el Congreso nacional aprobó una ley para refinanciar las deudas hipotecarias impulsada por el gobierno de Néstor Kirchner. El objetivo de la iniciativa era encontrar una solución para las ejecuciones de los créditos en mora que habían sido suspendidas en reiteradas oportunidades luego de la crisis económica. La normativa creó un fondo fiduciario administrado por el Banco Nación, que salda lo adeudado con los acreedores y refinancia a los deudores de acuerdo con sus posibilidades, al tiempo que permitía a quienes no estuvieran en condiciones de iniciar inmediatamente sus pagos solicitar un año de gracia.
El sistema alcanzaba a los casos donde las deudas habían sido destinadas a la adquisición de una vivienda única con valuación original de hasta 100 mil pesos que, según el Banco Nación, cubría el 95 por ciento de las hipotecas en mora. La aprobación del proyecto no fue sencilla y la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner rechazó los cuestionamientos de la oposición radical al señalar que “algunos que ocupan estas bancas fundamentaron las peores iniquidades y sostuvieron a los peores ministros de Economía” y sostuvo que el Gobierno “se hace cargo de lo que otros no se hicieron”.

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