Buenos Aires, 23/08/2017, edición Nº 2082

AUSA y Ciudad deberán presentar proyecto para mitigar los ruidos de la Autopista 25 de Mayo

(CABA) La Justicia porteña ordenó a Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) y al Gobierno de la Ciudad que presenten el estudio de impacto ambiental y el plan de obras necesario para mitigar los ruidos que genera la Autopista 25 de Mayo y que contaminan sonoramente la vida cotidiana de quienes viven al lado. Con esa resolución, la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario...

(CABA) La Justicia porteña ordenó a Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) y al Gobierno de la Ciudad que presenten el estudio de impacto ambiental y el plan de obras necesario para mitigar los ruidos que genera la Autopista 25 de Mayo y que contaminan sonoramente la vida cotidiana de quienes viven al lado. Con esa resolución, la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario avaló la acción de amparo que un vecino de la autopista pide desde 2003, para que la empresa del Estado porteño y el propio Estado adopten las medidas necesarias para que el ruido producido por los vehículos en la autovía no exceda “los límites tolerables e inocuos para la salud de las personas que habitan en las proximidades”. Los camaristas indicaron que AUSA y el gobierno porteño deben presentar a la Justicia el plan de obras y el estudio de impacto ambiental “dentro del plazo de ocho meses”, y recordó que existe una resolución judicial previa, de junio de 2013, “que se encuentra firme”.

La causa comenzó en 2001, cuando Pedro Barragán presentó un pedido de amparo contra AUSA y el gobierno porteño porque el ruido de la autopista superaba los límites tolerables y perjudicaba su salud. Barragán vive en Luis Sáenz Peña al 1200, a 50 metros de la autopista, que cuando él se mudó a ese departamento todavía no había sido construida. Con los años, explicó en la causa, la cantidad de autos que transitan por allí aumentó y también lo hizo el ruido que generaban. La medición de polución sonora, explicó Barragán, indicó que en su casa se registran 97 decibeles de manera permanente. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), para que una persona pueda conciliar el sueño y descansar el ruido alrededor no debe superar los 30 decibeles. De acuerdo con el tiempo de exposición, ruidos de más de 60 decibeles provocan malestar físico; además, sufrir durante más de ocho horas seguidas ruidos superiores a 90 decibeles provoca daño auditivo. Barragán fundamentó el amparo en el derecho a vivir en un ambiente sano, protegido por la Constitución porteña.

En 2003, la Cámara confirmó una sentencia de primera instancia favorable a Barragán y ordenó a AUSA presentar al juez “un Estudio Técnico de Impacto Ambiental y un Plan de Adecuación Ambiental”. Además, indicó que la empresa y el gobierno porteño debían “elaborar un Plan de Adecuación de la Autopista” que permitiera “la reducción de los ruidos excesivos emitidos tanto en el espacio público circundante como en las edificaciones linderas a la autopista”. La ejecución del plan era responsabilidad del Ejecutivo porteño.

AUSA y el Gobierno de la Ciudad presentaron un plan de adecuación, y un “informe de la Dirección General de Política y Evaluación Ambiental, proponiendo la reducción del tránsito de pesados, la sustitución del asfalto y la disminución de velocidad máxima; la repavimentación de la autopista”. En 2006 se realizó una audiencia; luego la Universidad de Buenos Aires realizó un informe técnico; en 2010 se celebró otra audiencia. El ruido seguía allí.

En junio de 2013, la Justicia dio nuevamente la razón a Barragán: AUSA y el gobierno no cumplían lo ordenado. Un juez “ordenó a AUSA que en el término de sesenta días presentara un nuevo Estudio Técnico de Impacto Ambiental y un Plan de Adecuación Ambiental” que identificara los niveles de ruido en el espacio público, en las viviendas y los edificiones cercanos, “incluidas escuelas y hospitales”. También debían especificar “las soluciones técnicas para reducir los niveles de ruido en ambos espacios” y analizar “las medidas de mitigación estructurales y no estructurales propuestas por el cuerpo técnico de la UBA”. AUSA, a la vez, debía presentar un cronograma de ejecución de las propuestas. La empresa y el gobierno local apelaron e insistieron en presentar los mismos documentos; la Justicia ratificó su decisión. Los demandados pidieron un año más de plazo. En la nueva resolución los camaristas rechazaron ese pedido. “Debe tenerse especialmente en cuenta que ya han transcurrido más de once años desde la sentencia”, detalló.

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