Así operan los narco-travestis de Once, Constitución y Flores

(CABA) “Nueve y media de cada diez transexuales peruanas no venden sexo sino cocaína proveniente de la villa 1-11-14“. La sentencia es de Jorge Rodríguez, un ex investigador del Ministerio de Seguridad, que presentó 215 informes sobre la penetración del narcotráfico en la Ciudad de Buenos Aires y la complicidad de las comisarías porteñas, y denunció a la entonces titular de la cartera, Nilda Garré, por inacción. Sus reportes revelan con lujo de detalle, entre otras cosas, los circuitos de narcotravestis peruanas que operan en Once, Constitución y Flores. “Algunas cayeron presas 10 veces, pero los jueces las dejan libres. Encima ahora se ven caras que antes no se veían“, contó Rodríguez.

La banda de Mireya y Raúl

En una carta enviada a Garré a finales de 2010, a poco de la asunción de la actual embajadora ante la OEA al frente del Ministerio de Seguridad, Rodríguez le informó la identidad de una de las parejas narcotrans que más fuerte pisó en el barrio de Once en los últimos años, sobre la que versaron varios de sus informes.

Bautizados por Rodríguez como “La Banda de Mireya y Raúl“, sus líderes eran la transexual Joe Luis García López y Raúl Víctor Espinoza. Según el ex asesor de Garré, lograron escapar de un allanamiento en dos “cuevas” de narcotraficantes de origen peruano ubicadas en Alsina 3282 e Yrigoyen 3250, en Once, en los que fueron demoradas 51 personas y detenidas otras 20, la mayoría trans. Mireya y Raúl se fugaron a Europa usando identidades falsas.

Sin embargo, la pareja retornó al país y reorganizó su banda. Por eso, el 7 de octubre de 2009 Rodríguez le presentó una carta al comisario Pedro Miguel Zabala detallando no sólo sus identidades, sino su domicilio. Aún así, siguieron operando.

“Buena parte de las travestis que se estacionaban en el circuito determinado por las calles Hipólito Yrigoyen, Urquiza, Alsina y Catamarca operaban como sus vendedoras con un modus operandi homogéneo: solían tener pequeñas dosis para alegar consumo personal cuando se producía el milagro de que fueran registradas por personal policial“, explicaba Rodríguez.

El informe 73, enviado el 30 de agosto de 2011 a la casilla de mail de Nilda Garré, detallaba el accionar de la banda de Mireya y Raúl. Al parecer, la pareja le debía dinero a la organización Estrada González, que domina las 15 manzanas liberadas de la villa 1-11-14, donde según Rodríguez funcionan diez laboratorios de clorhidrato de cocaína de máxima pureza custodiados por 300 “soldados” armados. Por eso habían jurado no venderle más droga. “Nadie puede entender realmente como no los mataron: por mucho menos le dieron sus famosos dos tiros, uno en el pecho y el otro en la cabeza, al dueño peruano del bar El Cañonero ubicado en Urquiza 155“, recuerda Rodríguez.

Lo cierto es que frente a ese panorama, en la organización de Mireya y Raúl, siempre según Rodríguez, cobró relevancia la transexual Leisy, que vivía en el “shopping de sustancias” de Urquiza 178. Al parecer, su marido había habitado ese en la villa del Bajo Flores, por lo que Leisy se convirtió en la encargada de ir a buscar la cocaína con la que se abastecía la banda.

La pareja Mireya-Raúl se enriqueció al punto que actualmente tienen, al menos, dos departamentos en Buenos Aires a su nombre y tres en Perú. “A ella le robaron 60 mil dólares en efectivo los ladrones de Drogas Peligrosas durante un allanamiento. Con esa plata se iba a comprar otro departamento y ya tenía lista la escritura“, contó Rodríguez.

Mireya fue arrestada en diciembre de 2013, pero estuvo apenas 18 días tras las rejas. Hoy vive en un departamento a pocas cuadras del Congreso. No está claro si sigue liderando la banda, pero es una realidad que en Once hay más transexuales-narco que antes de su detención.

El joint venture de Marucha y Lyz

Una comisaría blanco de los informes de Rodríguez es la 50ª. En dos reportes presentados a Garré el 13 y 23 de mayo 2011, Rodríguez le cuenta que tres sujetos que “se movilizaban en un vehículo Renault Kangoo gris oscuro dominio DAJ 815, a veces luciendo camperas azules con letras amarillas PFA, se dedicaban a exigirle de muy malas formas y hasta con golpes y amenazas a transexuales y prostitutas, que les abonaran determinada cantidad de dinero por semana para dejarlas trabajar tranquilas“. Pese a que Rodríguez aportó la patente del rodad, denunció que “el Ministerio no pudo averiguar quién era el titular de dicho dominio“.

También reveló que las comisarías le exigían el pago de una coima a los albergues transitorios de la zona. Y para asegurarse su caché, se ensañaban con los travestis que se paraban cerca de los que no querían arreglar, como ocurrió con el hotel alojamiento que tiene entradas por las calles Bacacay y Condarco.

Según el ex investigador del Ministerio de Seguridad, “en esa época la comisaría 38ª liberaba 400 metros de la calle Yerbal, de manera que podían verse en un increíble aquelarre hasta 20 trans peruanas vendiendo“.

Los informes de Rodríguez sobre lo que ocurría en la calle Yerbal son muy detallados. Incluyen horarios, nombres, domicilios, teléfonos… Entre otras cosas, cuenta que tras la detención de varios transexuales que vendían droga en esa zona y vivían en una “cueva” en Quirno 150, todas quedaron en libertad gracias al abogado Juan Moyo, letrado de otras narcoprostitutas de Constitución y Once. “Su modus operandi aunque resulte increíble consiste en convencer a las traficantes que sigan vendiendo ya que hagan lo que hagan él conseguirá excarcelarlas“, explicaba un reporte.

Los informes 199, 202 y 208 describen con infinita precisión cómo la venta de sustancias ilegales en Flores. Lo primero que llama la atención al leerlos es la cantidad de veces en las que Rodríguez cuenta que llamó a las comisarías 38ª y 40ª alertando por la presencia de traficantes para medir la reacción policial. Una y otra vez repite la misma frase: “Durante media hora no se hizo presente ningún patrullero“.

Entonces, aparecen los nombres: Samy, Marcielo, Yesica, Narumy, Valeria, Camila y decenas de transexuales que figuran una y otra vez en los informes. Todas, con sus respectivos domicilios y, en muchos casos, sus verdaderos nombres, origen y teléfonos.

No todas, pero la mayoría se abastecían con Liz, una trans oriunda de la localidad peruana de Trujillo –como la mayoría–, a quien el resto debía pagarle para trabajar en la zona. Y, por supuesto, con la complicidad de las comisarías de la zona. Por ejemplo, Rodríguez cuenta que buena parte de las narcos que vivían en la “cueva” de San Pedrito 227 se mudaron “debido a que los gratas de la 38° les informaron que al hotel lo van a reventar“.

Liz tenía lo que Rodríguez define como “una suerte de joint venture” con otra trujillana, “Marucha“, cuya verdadera identidad es Jonatan Carlos Almerk Rojas, quien a su vez trabaja con la protección de su marido, Juan Carlos, también de nacionalidad peruana.

El 12 de enero de 2013 Rodríguez se infiltró en el cumpleaños de Liz, en un antro narco, el local Piel Morena, en Rivadavia 7217. Ese día le pidió ayuda a Garré. Necesitaba, por lo menos, un equipo para grabar y filmar a los más de 200 asistentes a la fiesta, además de órdenes judiciales para un eventual allanamiento. Le envió un mail a la ministra y llamó a la entonces secretaria de Seguridad, Cristina Caamaño. Les contó que había narcos y muchos de ellos estaban armados. Y les pidió colaboración. No lo consiguió. “Feliz cumpleaños“, le contestó con ironía la antecesora de Sergio Berni.

“Hasta que Garré me echó del Ministerio (a mediados de 2013), siguieron existiendo esas zonas liberadas para la venta de sustancias. Actualmente en Yerbal casi no se vende como antes, pero las trans peruanas siguen viviendo en los dos hoteles mencionados (Yerbal 3068 y 3078) y ante llamados telefónicos salen y venden en las puertas de esos dos tugurios. Hubo muchas denuncias y traficantes heridas tal como vaticiné en mis informes“, concluye Rodríguez en un libro aún sin publicar, en el que sintetiza el resultado de sus casi dos años y medio de investigaciones.

“Muchas de las mismas se cruzan a vender en jurisdicción de la (comisaría) 50ª, especialmente por la calle Bacacay o alrededor del Hospital Álvarez, por Ramón Falcón, en jurisdicción de la 38ª o de la 40ª, cruzando José Martí ,y también hacia el lado de General Paz, pasando ya Floresta, en Villa Luro“, añade.

Y se anima a aventurar que el comercio ilegal en la zona creció puesto que “existen muchas más transexuales peruanas vendiendo en toda esa zona que hace dos años y aumentó considerablemente el consumo de cocaína en el país“.

Marche preso por adicto

Otro “shopping de sustancias” que aparece en los informes es el Hotel Santa Cruz, ubicado en Santiago Del Estero 1450/1460, en Constitución. Al respecto, Rodríguez le escribió un email a Garré el 1 de septiembre de 2011 en el que le informó que allí “se continúa vendiendo sustancias con protección de la Jefatura y de la Brigada de la Comisaría 16º, en forma muy similar a lo que ocurría durante la gestión del comisario (Roberto) Ahmed y sus antecesores, aunque con un perfil relativamente más bajo“.

“Si bien los travestis-traficantes mencionados en nuestros informes anteriores ya no se estacionan toda la noche en la esquina de las calles Constitución y Santiago del Estero para realizar sus ventas, siguen vendiendo en la puerta de dicho hotel, en la esquina de Salta y Constitución o en la de Cochabamba y Santiago del Estero. Muchos de los mismos realizan también entrega de sustancias con el siguiente modus operandi: llega un vehículo, se suben al mismo en la puerta del hotel y regresan en un par de minutos, es decir en un espacio temporal en el que resulta imposible la compra venta de ningún servicio sexual“, agregaba el correo.

El informe 91 de Rodríguez, de octubre de 2011, detallaba los supuestos delitos cometidos por integrantes de la comisaría 16ª, con jurisdicción en la zona. Entre otras cosas, precisaba “22 lugares de coima con presencia de personal policial y otros 41 lugares donde se cobraba pero no había policías cuidando“. Y agregaba: “El personal policial además continúa persiguiendo vehículos alocadamente para coimear a los clientes de las mismas, bajo la amenaza de realizarles actas contravencionales“.

El reporte incluye una anécdota con la que su autor intentó graficar la protección a los narcotravestis de Constitución. “Hace unos días apareció un móvil ‘cien’ –es en el que va un oficial–, detuvo su marcha a la par de mi vehículo, me miró, observó que yo estaba con un chaleco antibalas, se acercó al traficante que estaba a unos metros, le informó de la situación y la ricura peruana avanzó hacia mí con un cuchillo en su mano, una vez que se retiró el patrullero”, relataba.

En esa línea, la carta citada a Garré de diciembre de 2010 revelaba la existencia de la causa 3955/08 en el juzgado federal 6, en la que él mismo había denunciado a la transexual Javier Emiliano “Geraldine” Córdova Chávez por tráfico de cocaína y hurto de documentos de identidad que eran vendidos “a las imprentas de los narcotraficantes peruanos de la Villa 1-11-14“. Todo, con la complicidad de la comisaría 16ª.

Aún así, el presente de Córdova Chávez está alejado de las cárceles. “Era y continúa siendo informante policial y les marcaba a las dotaciones de los patrulleros a aquellas transexuales que habían robado o vendido sustancias, a partir de lo cual eran subidas a los móviles y robadas por los poli ladrón“, explicaba Rodríguez a Garré en su correo.

La conclusión es lapidaria: “Los procedimientos realizados por Infracciones a la Ley nº 23737 (de estupefacientes) se siguen efectuando solamente a los adictos, nunca cae ningún traficante y las veces que los patrulleros y los miembros de la Brigada capturan un transa, le sacan las sustancias –para su uso personal o para la venta–- le cortan boleto y los dejan ir. La totalidad de la ‘inteligencia’ realizada por la Brigada 16º solo está destinada a incrementar el caudal recaudatorio delictivo“.