Buenos Aires, 21/10/2017, edición Nº 1802

Amadeo, otra piedra en el camino del PRO porteño

Está señalado por haber facturado a través de dos asociaciones cerca de cuatro millones y medio de pesos con la administración de Macri.

(CABA) Una nueva denuncia de contrataciones irregulares con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires salpica a otro candidato de Cambiemos. Se trata de Eduardo Amadeo, señalado por haber facturado a través de dos asociaciones cerca de cuatro millones y medio de pesos con la administración de Mauricio Macri entre 2005 y 2015, por servicios de consultoría y soporte técnico.

Amadeo fue secretario de Desarrollo Social de Carlos Menem y embajador en Estados Unidos durante el interinato de Eduardo Duhalde. Ahora es candidato a diputado nacional del macrismo por la provincia de Buenos Aires. Las ONG que quedaron bajo sospecha son la Asociación Civil Observatorio Social y la Asociación Argentina de Políticas Sociales. Ambas están presididas por Amadeo y facturaron cuatro millones de pesos al gobierno porteño a lo largo de los últimos diez años. De aquellas operaciones, solamente cuatro figuraron en el Boletín Oficial de la ciudad y por montos inferiores.

Los datos fueron revelados en el programa Ambito de Poder, de C5N, y volvieron a poner en el centro de la campaña de Macri el manejo irregular de los fondos del Estado a través de contrataciones realizadas evadiendo su difusión pública.

Una parte de la facturación bajo sospecha se realizó en el período que va del 2008 al 2011, con María Eugenia Vidal como titular de la cartera de Desarrollo Social. En esos tres años, las asociaciones de Amadeo firmaron convenios y recibieron subsidios por cerca de 400 mil pesos.

De 2009 a 2013, el monto de los subsidios fue de 2 millones 800 mil pesos. Amadeo era diputado por Unión-PRO.

En los dos últimos años sumó, entre facturación y subsidios, un millón 365 mil pesos; 540 mil cuando Amadeo ya era candidato a diputado de Cambiemos.

Curiosamente, Amadeo había sido uno de los primeros en las filas del macrismo en criticar a Fernando Niembro cuando salieron a la luz sus contratos irregulares con el gobierno macrista. “No haría lo que hizo Niembro, nunca hice un contrato con el Estado, no tengo nada que ver con el gobierno. Si Niembro no puede probar ante el juez y la ciudad de Buenos Aires no puede demostrar que esto es legal, sin ninguna duda tiene que intervenir la Justicia”, había sostenido Amadeo cuando trascendió la denuncia contra Niembro.

Ayer, en medio de las fuertes repercusiones que provocó la nueva denuncia, Amadeo reconoció que Observatorio Social, una asociación que actualmente preside, recibió subsidios y firmó convenios con el gobierno de Macri.

El candidato subió a su cuenta de Twitter un comunicado de prensa de Observatorio Social, que señala que la asociación viene trabajando con el gobierno porteño desde la gestión de Jorge Telerman. En este marco, aseguró que esa asociación desarrolló para la gestión Macri “relevamientos de la pobreza crónica en la Ciudad y de la situación habitacional en villas y asentamientos de la CABA”, así como el “diseño integral de la red de protección social ‘En todo estás vos’”.

Luego acusó al kirchnerismo de impulsar “una campaña sucia”. “No pesa ninguna denuncia de ninguna índole ni sobre mí, ni sobre el Observatorio Social ni la AAPS. Es basura K”, sostuvo.

Las maniobras con las contrataciones del Gobierno de la Ciudad vienen golpeando la campaña de Macri. La renuncia a sus candidaturas de Fernando Niembro y su socio, Atilio Meza, no fueron suficientes para frenar la caída en la imagen del candidato presidencial. También resultó afectada María Eugenia Vidal, la postulante del PRO a la gobernación bonaerense, que en los últimos días perdió terreno frente a su adversario del FpV, Aníbal Fernández. Hasta ahora el macrismo ha logrado evitar dar explicaciones sobre el uso de modalidades de contratación que evitan las licitaciones públicas. Se sabe que las más utilizadas son las contrataciones directas –para las que el jefe de Gobierno porteño subió el tope a dos millones de pesos, convirtiéndolo en el más alto del país– y los convenios que, amparándose en el decreto 556, permiten por razones de urgencia saltearse las licitaciones.

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Fuente: Página12

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