Buenos Aires, 23/09/2017, edición Nº 1774

Almirante Brown: el juez federal Sergio Torres halló irregularidades en el contrato “Sistema Claypole”

El diputado Darío Giustozzi y ex secretario de Infraestructura de Almirante Brown Daniel Bolettieri serán citados a indagatoria

(CABA) En el marco de la investigación judicial por la construcción del “Colector Claypole Centro” y la“Plata de Efluentes Cloacales Claypole”, el juez federal Sergio Torres, que lleva adelante el control del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, revisó el contrato del denominado “Sistema Claypole” y halló irregularidades.

Uno de los complicados del expediente es el exintendente de Almirante Brown y actual diputado nacional,  Darío Giustozzi, debido a que estaba absolutamente prohibido realizar construcciones por fuera del plan director que estaba a cargo de AySA, sin aval de esa empresa estatal.

En la causa habría pruebas de que el ex intendente falsificó documentación para acreditar la necesaria autorización de AySA y así lograr el financiamiento y la aprobación de Enhosa.

Desde el 3 y hasta el 24 de agosto declararán en indagatoria Eduardo Bortolozzi, ex administrador de Enhosa; Lucio Mario Tamburo, ex subadministrador y luego administrador de Enhosa; Daniel Bolettieri, ex secretario de Infraestructura de Almirante Brown; Luis Carusso, ex director de Hidráulica y Saneamiento del municipio y el propio Giustozzi.

Cuando citó a los imputados a indagatoria, el juez describió la situación de cada uno.

Según detalló Infobae, el magistrado señaló: “Aprovechándose de los cargos que ocupaban en su conjunto y valiéndose se una situación de riesgo sanitario que aquejaba y sigue afectando a la localidad de Claypole de la Municipalidad de Almirante Brown, (los imputados) intencionalmente elucubraron, gestionaron, licitaron y tramitaron irregularmente los expedientes 1067/2009, 1162/2009, 5949/2009, y 14020/2010, a través de los cuales se diseñó, instrumentó, cumplimentó y llevó a cabo el improvechoso proyecto denominado ‘Sistema Claypole’, al que se destinaron al menos $5.353.352,47 de recursos públicos”.

Y continuó: “Esa cuantía representa un intencional derroche del patrimonio estatal ya que, desde la propia planificación del proyecto se sabía que el Sistema -en la forma que había sido diseñado- nunca podría funcionar, y pese a ello, se dilapidó dicho capital avanzando en ese inconducente cometido”.

MG

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