AFI: Ocampo pidió que las escuchas no dependan de la Procuración General

(CABA) En el marco de la discusión del proyecto de ley para reformar la Secretaría de Inteligencia que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional, los procuradores y fiscales generales de todo el país solicitaron hacerse cargo de las intervenciones telefónicas en todas las causas que no sean federales.

El pedido realizado por los presidentes del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerio Públicos de la República Argentina, Alejandro Ficoseco y Eduardo Quattropani, respectivamente fue elevado a través de una nota enviada a todos los presidente de bloque del Senado y al titular de la cartera de Justicia, Julio Alak.

Estas entidades agrupan a los Procuradores y Fiscales Generales de todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, afirman que: “La autonomía investigativa de los Ministerio Públicos Fiscales, como factor fundamental de la independencia judicial, debe ser concretada eliminando las situaciones de total dependencia de los fiscales a la cooperación de organismo del Poder ejecutivo, que han caracterizados a la tradición del proceso penal de la Argentina“.

Y agregan que “asimismo aparecería como contrario al orden constitucional y en especial a nuestra organización federal, el centralizar esta atribución, cuando se trata de causas provinciales o Ciudad Autónoma, en el Ministerio Público Fiscal de la Nación”.

Por eso propusieron que “en las causas de competencia de la Justicia Federal o Nacional, las intervenciones telefónicas sean practicadas conforme los recaudos previstos por la legislación procesal penal, por un organismo técnico pertinente, dirigido y supervisado por el Ministerio Público Fiscal de la Nación”.

Y que “en causas de competencias de las justicias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las intervenciones telefónicas sean practicadas conforme los recaudos previstos por las respectivas legislaciones procesales, mediante organismos técnicos provinciales supervisados por los Ministerios Públicos Fiscales” locales.

Asimismo recordaron que “el status quo preexistente en materia escuchas telefónicas, donde la realización de estas medidas fue monopolizada por la Oficina de Observaciones Judiciales de la Secretaria de Inteligencia del Poder Ejecutivo Nacional, representaba una situación inconveniente que trajo aparejada la falta de desarrollo de tecnologías apropiadas para estas actividades en los Laboratorios Regionales de Investigación forense de las provincias”.

El Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires afirmó que “es un exceso otorgarle competencias a la Procuración General de la Nación para que administre las escuchas que ordena la procuración de cada provincia”.